El 9 de mayo del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno firmó un acuerdo con Cuba para que 500 médicos de la isla trabajen en las zonas marginadas del país ante el “déficit de personal médico” que existe en la nación, mismo que había denunciado desde inicios de su sexenio.
La noticia desencadenó una serie de quejas por parte de trabajadores de la salud, especialistas y la sociedad en general, quienes afirmaron que el déficit de médicas y médicos que tiene el país (por cuestiones como la baja oferta y falta de unidades) no es el único problema que aflige al sector salud mexicano. Y es cierto.
Para entender la crisis en la que se encuentra el sistema de salud mexicano, primero hay que analizar cómo funciona. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) un sistema de salud es el conjunto de instituciones, acciones, servicios y personas que operan de manera interrelacionada para mejorar la salud de la población; este sistema debería caracterizarse por ser universal, equitativo, eficiente, flexible, además de prestar atención integral.
México está lejos de lograrlo: no solo faltan médicos y médicas (hay 2.4 por cada mil habitantes); también arrastra un escaso gasto público en salud, que no supera el 3% del Producto Interno Bruto (PIB); hay desabasto de medicamentos, especialmente para pacientes con cáncer y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); además, cerca de 400 obras de infraestructura de salud llevan años de abandono. La fragmentación del sistema no solo no ayuda para paliar estas carencias, sino que aumenta la corrupción, las decisiones unilaterales y la opacidad.
Pero estos problemas no ocurrieron de la noche a la mañana, son el resultado de sexenios de desatención. Este reportaje muestra una radiografía sobre la situación en la que se encuentra el sector salud mexicano, sus principales causas y cómo, a pesar de todos los avances alcanzados en las últimas décadas, sigue teniendo una deuda histórica con su población: garantizar la cobertura universal y el acceso, sin discriminación alguna, a servicios de salud de calidad.
Comencemos por entender que la salud es un derecho humano y un componente esencial para el desarrollo de las sociedades. Su fundamento —como el de los demás derechos— se encuentra en la dignidad humana. La salud involucra una serie de condiciones económicas, físicas y humanas que permitan y garanticen su pleno cumplimiento y establece la disponibilidad, accesibilidad y calidad, como elementos necesarios para su disfrute.
Hablar sobre la salud en México es tocar una fibra sensible. El Estado dispone en la Constitución Política la protección a la salud como un derecho de todas las personas, pero en la práctica, este derecho no se ve reflejado. Si bien, durante las últimas décadas se ha registrado un importante progreso para garantizar el derecho a la salud, persisten grandes barreras que impiden el acceso universal e igualitario a los servicios básicos.
En 2015, más de 100 países —incluido México— adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye el compromiso mundial de alcanzar la Cobertura Universal de Salud; esto implica la protección contra los riesgos financieros, el acceso a los servicios básicos de salud de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todas y todos. Pero alcanzar esta meta es todo un desafío, no solo para México, sino para diversos países de la región, donde persisten marcadas segmentaciones en la cobertura de salud.
El doctor Fidel Mascareño, miembro de la Federación Latinoamericana de Anestesiología, afirma que para que las y los mexicanos tengan acceso a servicios de salud universales, las autoridades necesitan realizar esfuerzos enfocados en la calidad de atención, pero se trata de “una tarea compleja” que no se resolverá inmediatamente.
“No es lo mismo el paciente que nace en una comunidad en Veracruz, en un hospital que no tiene recursos, especialistas, ambulancias, laboratorio; que un paciente que nace en una ciudad grande que cuenta con hospital de segundo o tercer nivel, que tiene banco de sangre, laboratorio, terapia intensiva. El gobierno actual pretende que no haya desigualdad en los servicios, pero esto llevará años, no es un cambio inmediato [sic]”
El Sistema Nacional de Salud (SNS) está fragmentado y esta condición es el punto de partida para entender los males que afectan al sector salud en México. La segmentación que padece el sistema nos impide hablar —todavía— de una Cobertura Universal de Salud efectiva, la cual incluye tres dimensiones relacionadas: acceso igualitario a los servicios de salud, protección financiera para facilitar el acceso a la atención y calidad de los servicios de salud. Las acciones emprendidas por distintos gobiernos, lejos de atender a todas las personas, particularmente a las más vulnerables, obstaculizan el acceso a los servicios básicos, lo que impide el pleno ejercicio del derecho a la salud y perpetúa la desigualdad.
Fragmentación
La punta del iceberg
Como la mayoría de países en la América Latina, México tiene un sistema de salud fragmentado que coexiste con un subsistema de Seguridad Social basado en el empleo, esto constituye una de las principales fuentes de exclusión y discriminación debido a que el acceso a la salud está condicionado al trabajo; en ese sentido, la salud pasa a ser entendida como una prestación laboral en lugar de ser considerada como un derecho humano.
“La mayoría de los países en la región han optado por mantener, en mayor o menor grado, un sistema segmentado en el que existe un subsistema subsidiado en paralelo con un subsistema financiado total o principalmente con aportes de la nómina salarial, en el que los beneficiarios, por lo general, tienen acceso a diferentes redes de proveedores”
La excepción en la región es Cuba, el país que tiene el mayor avance en materia de universalidad con equidad y que, a diferencia del resto, su sistema sanitario no se basa en el empleo sino en la inclusión. La salud en Cuba es un derecho social inalienable, por lo que se garantiza el acceso libre e igualitario a todos los programas y servicios en la materia, sin importar si se tiene un empleo o no.
En México el Sistema Nacional de Salud está históricamente fragmentado y, por ende, su atención sanitaria. Existen tres diferentes subsistemas del sistema de salud mexicano: el que atiende a los empleados formales y del Estado (a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado), el representado por los programas sociales para personas no derechohabientes, y los servicios privados de salud (aseguradoras, farmacias, clínicas, consultorios y hospitales).
Pero estos tres subsistemas son insuficientes, especialmente porque la mitad de la población en el país (6 de cada 10 trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad laboral, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía) trabaja en la informalidad, lo que les impide tener acceso a la salud por empleo y les dificulta pagar por servicios privados.
Además, la Ley General de Salud (LGS) obliga a la Secretaría de Salud (SSA) y a los Servicios Estatales de Salud (SESA) a prestar servicios a todas las personas, independientemente de su condición de aseguramiento, pero mediante el pago de una “cuota de recuperación” fijada con base en un estudio socioeconómico del usuario o usuaria. Aunque según la misma ley estas cuotas se fundamentan bajo el principio de solidaridad social, resultan una barrera en el acceso a los servicios toda vez que alcanzar la Cobertura Universal de Salud efectiva incluye la protección financiera para facilitar el acceso a la atención médica de calidad.
Esta fragmentación del sistema produce, como veremos más adelante, ineficiencia e inequidad en los servicios de salud, e imposibilita el ejercicio universal e igualitario del derecho a la salud. Prueba de ello es que actualmente 35.7 millones de mexicanos y mexicanas —aproximadamente 4 de cada 10 personas— carecen de acceso a los servicios de salud de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), lo cual afecta en mayor medida a la población en situación de pobreza extrema, cifra que asciende a casi 11 millones de personas.
Programas de salud
Sin dimensión social
El que tantos mexicanos y mexicanas carezcan hoy de servicios de salud efectivos, equitativos y de calidad, responde a esa desatención que arrastra el sector salud y a las transformaciones que sufrió el Sistema Nacional de Salud a partir de los años 80, las cuales fueron constituidas bajo políticas impulsadas por corrientes neoliberales que, de acuerdo con autores como Catalina Eibenschutz (1938-2018), investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y defensora del derecho universal a la salud, profundizaron las inequidades y desigualdades en salud, pues se regían por la lógica de privatización y mercantilización.
Aunado a esto, las estrategias para afrontar las problemáticas del sector salud mexicano no han tenido una verdadera dimensión social. Un ejemplo concreto fue la creación del Seguro Popular (SP) en 2004, bajo el primer gobierno de cambio (Acción Nacional), el cual se presentó como el brazo operativo del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y tenía el objetivo específico de brindar acceso a los servicios de salud a quienes carecían de Seguridad Social.
Es cierto que su creación constituye una de las reformas más significativas al marco legal del Sistema Nacional de Salud, pues hubo un incremento considerable en la ampliación de la cobertura de los servicios de salud. Según registros oficiales, en el 2004 el Seguro Popular tenía una población afiliada de 5.3 millones; siete años después esa cifra incrementó a más de 40 millones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi, para 2016 el 79.7% de la población en situación de pobreza se encontraba afiliada a este sistema.
No obstante, fueron muchos los análisis e investigaciones que señalaron las debilidades e irregularidades del Seguro Popular a pocos años de haber comenzado su operación. Destacan las afirmaciones de la doctora e investigadora Asa Cristina Laurell (exsecretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México y exsubsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud de la Secretaría de Salud) en su libro Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexicano (2013), respecto a que la afiliación al Seguro Popular no conducía al acceso a servicios de calidad y los vacíos sobre el verdadero impacto de dichos servicios en la economía de las personas afiliadas.
Uno de los objetivos declarados del Seguro Popular es remover la barrera económica al acceso a los servicios de salud. Sin embargo el 43% de sus afiliados con problemas de salud reporta que no recibió atención por carecer de los recursos económicos necesarios
En el artículo El Seguro Popular de Salud en México: Pieza Clave de la Inequidad en Salud (2008) de las investigadoras Silvia Támez González y Catalina Eibenschutz, se concluye que el programa carecía de perspectivas médicas, profundizó la descentralización de los servicios de salud (que fomenta la opacidad en sistemas fragmentados como el de México) y no contó con la infraestructura necesaria para brindar servicios de calidad a la población afiliada.
El Seguro Popular era un esquema de aseguramiento público a través de la afiliación voluntaria y estaba dirigido a la población no derechohabiente para disminuir sus gastos en salud. Su modelo financiero —factor clave de funcionamiento— se sustentó en un esquema tripartita con aportaciones del gobierno federal, de las entidades federativas y contribuciones de los afiliados conforme a su capacidad económica.
Sin embargo, fue precisamente este esquema lo que propició el uso discrecional y desvío de recursos, ya que, al no tener un mecanismo de control, se fomentó la corrupción. Para octubre de 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había recibido 37 denuncias por presunto desvío de recursos destinados al Seguro Popular —entre 2006 y 2017— por parte de 7 entidades, interpuestas por organizaciones civiles y funcionarios del sector salud mexicano.
Un reporte elaborado por la Auditoría Superior de la Federación señaló que al cierre de 2018, el Seguro Popular no logró atender las causas por las que fue creado, entre las que destacan: afiliación de toda la población sin Seguridad Social, distribución del gasto público por personal en salud entre las entidades y garantía de equidad en los servicios.
Además, el proyecto tampoco contó con los mecanismos elementales para conocer el uso y destino de los recursos asignados. Se planteó, desde sus inicios, como un instrumento de financiamiento a la salud, mas no como uno de provisión de servicios. Por esta razón, aunque tenía un padrón de más de 50 millones de personas, no se tradujo en una cobertura efectiva universal. La autora Cristina Laurell detalla en su investigación problemas como: falta de equipo sanitario y medicamentos, limitado paquete de servicios y presupuesto insuficiente para garantizar la universalización de los servicios.
Pese a los avances registrados en materia de derechohabiencia, la afiliación a un sistema, institución o programa no garantiza, de modo necesario, que el acceso a los servicios de salud se lleve a cabo con oportunidad y calidad.
Cuando López Obrador llegó al poder, dijo en múltiples ocasiones que el modelo surgido en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) no había funcionado e iba a ser sustituido por un sistema de salud pública que brindara atención médica y fármacos gratuitos a toda la población, para reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud.
Su iniciativa originó una avalancha de críticas. Diversos exsecretarios de Salud advirtieron que desaparecer el Seguro Popular significaba “anular uno de los avances institucionales más importantes” del Sistema Nacional de Salud. Legisladores del grupo opositor también se mostraron en desacuerdo argumentando que las modificaciones pondrían en riesgo la salud de millones de personas afiliadas que no cuentan con Seguridad Social.
¿Tenían razón? Una forma simple para evaluar el éxito del programa sería ver cómo impactó en el número de personas sin acceso a la salud. Pero los datos no muestran un avance, al contrario: de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el 2000, cuando había 98 millones de mexicanos, la mitad de ellos, alrededor de 48 millones, no contaban con Seguridad Social. Veinte años después, una medición realizada por el Coneval mostró que el porcentaje de población con carencia por acceso a la Seguridad Social fue de 52.0%, es decir, 66 millones de un total de 129 millones de mexicanas y mexicanos. En 20 años, el porcentaje es prácticamente el mismo.
El gobierno de López Obrador tomó como base estos argumentos para desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) como parte de las modificaciones a la Ley General de Salud, definiéndolo como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Salud.
Pero la transición entre el Seguro Popular y el INSABI ocurrió de manera abrupta. El nuevo instituto creado por la presente administración comenzó a operar el 1 de enero del 2020, no obstante, no fue hasta noviembre de ese año cuando se publicaron sus fundamentos normativos y las reglas de operación.
El reto era grande. El primer año de operación del INSABI se encontró con una crisis sanitaria sin precedentes, la llegada de la pandemia por COVID-19 había dejado en México un panorama complicado. La población en situación de pobreza pasó del 41.9% en 2018 a 43.9% en 2020, lo que representó un aumento de 3.8 millones de personas para un total de 55.7 millones, y aquella que vive en pobreza extrema subió del 7% al 8.5%, es decir, 2.1 millones más para un total de 10.8, según Coneval.
A esta crisis se sumó el incremento de 15 millones de personas con carencias de acceso a los servicios de salud, y aunque esta conducta se repitió en las 32 entidades, los estados que mostraron mayor crecimiento en dicha carencia durante ese periodo (2018-2020) fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde se encuentran los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza (Coneval).
La doctora Brenda Crabtree, quien trabaja desde hace 14 años como investigadora titular adscrita al Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), asegura que para que las personas que viven en zonas marginadas puedan ejercer su derecho a la salud, se necesitan esfuerzos concretos por parte de las autoridades sanitarias.
“Para que las personas en situación de pobreza puedan contar con servicios de calidad y así ejercer su derecho a la salud, primero se necesitaría tener un sistema de salud robusto y eficiente; es decir, lograr que unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel cuenten con todos los recursos físicos y materiales para funcionar adecuadamente, porque, ¿de qué sirve un cirujano sin quirófano? [sic]”, detalla.
Desde inicios de su sexenio López Obrador hizo público que heredó un Sistema Nacional de Salud en crisis (ocasionado, según sus palabras, por el modelo neoliberal), y anunció que llevaría a cabo cambios profundos en el sector salud mexicano, a fin de reconocer a la salud como un derecho humano y garantizar la prestación gratuita tanto de servicios como de medicamentos e insumos a las personas sin Seguridad Social.
El INSABI, a diferencia del Seguro Popular, buscó ofrecer servicios de salud gratuitos sin el pago de contribuciones, tomando en cuenta los criterios de universalidad, igualdad e inclusión. Pero, al igual que ocurrió con el modelo foxista, tuvo errores en su diseño e implementación, siendo el más visible la preservación de la fragmentación del sistema.
Desaparecer el Seguro Popular y sustituirlo con el INSABI fue una de las propuestas más ambiciosas del gobierno en turno, pero también de las más arriesgadas. Este último programa tenía como eje rector el fortalecimiento de la atención primaria a la salud, un modelo que ha tenido grandes resultados en países como Cuba, que ha logrado reducir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida y la cobertura universal efectiva para su población.
Pero para alcanzar un verdadero sistema de salud basado en la atención primaria de salud se deben superar barreras específicas como la segmentación y las desigualdades en el acceso a los servicios. En ese sentido, el INSABI no pudo enfocar sus esfuerzos en la atención total a estos aspectos porque desde sus comienzos hubo problemas de operación.
Aunado a esto, persistió el reto de los recursos asignados. Un análisis realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) fechado en julio del 2021 indicó que el presupuesto del INSABI no era “congruente” con el objetivo de cubrir a todas las personas sin Seguridad Social.
Como ejemplo destaca que en ese año el presupuesto para el INSABI fue mayor que el ejercido en 2019 por el Seguro Popular (un aumento de 8 mil 647 millones de pesos), pero ese incremento resultó “marginal” dado que tuvo que atender a 14.4 millones de personas más, por lo que no se vio reflejado.
El INSABI fue presentado como la solución a los constantes problemas del sector salud mexicano y parecía ser la apuesta de la actual administración para asegurar el acceso y calidad de los servicios médicos, empero, no pudo cumplir con su principal tarea que era precisamente llevar servicios de salud gratuitos a toda la población que carece de Seguridad Social. Con solo 2 años de vida, el Gobierno Federal transfirió la responsabilidad más importante del Instituto al IMSS-Bienestar.
En marzo del 2022 se anunció que la encomienda por la que fue creado el INSABI pasaría a manos del IMSS-Bienestar, para que este último se encargara de atender a la población sin Seguridad Social, con la promesa de alcanzar, por fin, la cobertura universal.
IMSS-Bienestar es un programa que tiene más de 40 años de existir bajo distintos nombres (IMSS-Coplamar, IMSS-Prospera, IMSS-Oportunidades) y atiende en zonas rurales o urbanas marginadas. Pese a que se trata de un modelo probado, el reto es grande. De entrada, IMSS-Bienestar no opera por completo a nivel federal. Hasta el mes de marzo del 2022, el programa tenía presencia en 19 entidades federativas y según registros oficiales, se atendía a 11.6 millones de personas; aunque avanza con rapidez. Al finalizar ese mismo año ya tenía un padrón de 21.8 millones.
IMSS-Bienestar evolucionó a un Órgano Público Descentralizado (OPD). Por decreto, a partir del 1 de septiembre del 2022, IMSS-Bienestar pasó a ser un organismo público no sectorizado, con patrimonio propio y autonomía técnica.
De acuerdo con las autoridades federales, esta evolución permitirá que este órgano tenga más capacidades para levantar el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que garantiza la infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud “del más alto nivel”.
Pero el panorama, de nuevo, es incierto. A principios del 2022 se anunció la federalización del Sistema Nacional de Salud y en marzo de ese año la sustitución del INSABI por IMSS-Bienestar, pero no fue hasta el pasado 7 de septiembre cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emite el Programa Estratégico de Salud para el Bienestar que busca la federalización de los servicios de atención médica dirigidos a la población sin Seguridad Social.
Aunque los avances del programa en cuanto a cobertura muestran un panorama alentador, persiste la incertidumbre de que opere por completo a nivel federal. El estado de Puebla, por ejemplo, anunció a finales de enero del 2023 que no existen las condiciones para que la entidad adopte el modelo, porque el Sistema de Salud Estatal “está más fortalecido que el mecanismo del IMSS”.
La realidad es que estos cambios dejan interrogantes sobre si se tiene o no un plan estructurado y a largo plazo que solucione la desigualdad en el acceso a los servicios. Mientras esto se resuelve, en el territorio, millones de mexicanos y mexicanas viven las carencias que arrastra el sector salud.
Medicamentos
Los números rojos
Como se explicó anteriormente, la Cobertura Universal de Salud se construye a partir del acceso universal, oportuno y efectivo a los servicios materiales y humanos (medicamentos, hospitales, profesionales de la salud); sin ellos el derecho a la protección de la salud se vuelve una meta inalcanzable. En este sentido, ¿México en qué posición se encuentra?
Comencemos por el desabasto de medicamentos, el cual —como veremos a continuación— no es un tema menor y afecta tanto a la población derechohabiente como a la no asegurada. A pesar de que la Ley General de Salud (LGS) marca como obligación garantizar la existencia permanente de fármacos y su disponibilidad, esta especificación está lejos de ser cumplida.
Notas periodísticas (El País, Debate, Animal Político, La Jornada) han documentado la tragedia: familiares de pacientes con cáncer se manifiestan en las calles; organizaciones civiles acusan desabasto; médicos mexicanos denuncian escasez de medicamentos.
Pero más allá de las manifestaciones y protestas, hay una forma de saber si hay o no desabasto de fármacos en el país y cómo ha cambiado en los últimos años: el porcentaje de surtimiento completo de recetas, es decir, la capacidad de las unidades de atención a la salud para surtir —o no— un alto porcentaje de las recetas médicas.
En 2008, la federación informó que el porcentaje promedio de recetas completamente surtidas en el primer nivel de atención, para todas las unidades de salud que integran la Secretaría de Salud, fue de 87.7%. Pero entre 2009 y 2010 hubo una caída en el porcentaje, se pasó de una cobertura de casi 88 a 82.2% y a pesar de que a partir de 2014 hubo una recuperación del indicador (83.1%), no se llegó a los mismos niveles de 2008 (ver gráfico 1).
Pero el porcentaje ha variado en los últimos años. Una investigación realizada por la organización Cero Desabasto da cuenta de las recetas surtidas de manera total, parcial y negadas por subsistemas, durante el periodo 2017-2021. Entre los datos resalta que el IMSS, dependencia que atiende a la mayor parte de la población derechohabiente, tuvo un importante incremento en las recetas negadas al pasar de 1.3 millones en 2017 a 18.7 millones en 2021. Por su parte el ISSSTE tuvo una ligera mejoría en cuanto a recetas negadas al pasar de casi 151 mil en 2017 a 124 mil en 2021.
El desabasto de medicamentos como los oncológicos para personas con cáncer y los antirretrovirales para personas con VIH se recrudeció en 2021; en ese año el colectivo Cero Desabasto recopiló un total de 131 y 641 reportes respectivamente por escasez de fármacos para tratar dichas enfermedades.
El doctor Andrés Castañeda, quien es coordinador de Cero Desabasto, reconoce que si bien México parece recuperarse del peor año de desabasto (2021), no puede hablarse de un 100% de abasto, porque las mediciones que hay al respecto son de la población que es derechohabiente o sin Seguridad Social pero con acceso a programas como IMSS-Bienestar.
“Ha habido una ligera mejora y es una buena noticia. Ya no estamos empeorando, nos estamos manteniendo. Podemos decir que tocamos fondo después del 2021 y esperemos que a partir de ahora haya mejores resultados. Pero es importante recordar a quienes no cuentan con acceso a los servicios de salud: si uno no tiene acceso a los servicios, para esa persona el desabasto es del 100%. Cuando hablamos de porcentajes de cobertura nos referimos a esas tres cuartas partes que sí tienen acceso a los servicios de salud [sic]”, indica.
Lo que explica el doctor Castañeda reafirma el hecho de que la población que no tiene acceso a los servicios de salud en el país, carecerá irremediablemente de los medicamentos que requiere para un tratamiento digno.
La información disponible en cuanto a la población sin Seguro Social también muestra una cobertura aceptable hasta 2019 (ver gráficos 2 y 3). Las cifras demuestran que si bien no se había logrado un abasto de medicamentos del 100%, la cobertura por parte del IMSS-Bienestar siempre estuvo por arriba del 80% y la del Seguro Popular —con excepción de 2009-2012— estuvo por arriba del 70%.
Sin embargo, dado que no existen datos del INSABI, es difícil saber cómo ha evolucionado el abasto de recetas durante los años de pandemia. Lo que sí se sabe es que los reportes por escasez de medicamentos tuvieron su mayor pico en el año 2021, pero para el segundo semestre del 2022 hubo una importante reducción (ver gráfico 4).
Antes de la llegada del Seguro Popular, la Secretaría de Salud no tenía la obligación de brindar medicamentos a los usuarios; cada entidad federativa o institución se hacía cargo de la adquisición de los fármacos, razón por la que se incrementó la incorporación de proveedores privados en la cadena de abasto.
Para 2007 el Gobierno Federal suscribió, junto con gobiernos estatales, laboratorios fabricantes, distribuidores y farmacias, un compromiso para garantizar la disponibilidad, y precio justo de fármacos, lo que dio paso a la creación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, que estimuló el modelo de compras consolidadas, es decir, adquirir grandes volúmenes de fármacos para garantizar la cobertura a la población a un costo asequible.
En 2019 se cambiaron las reglas del juego. La presente administración —acorde con su política de combate a la corrupción y Austeridad Republicana— optó por un nuevo modelo de compras consolidadas de medicamentos basado en la centralización del proceso de adquisición en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero la dependencia no tenía experiencia en la realización del proceso.
Como resultado, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades. Al revisar el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, se encontró que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no atendió la totalidad de las necesidades de medicamentos y bienes terapéuticos: de las 792 partidas requeridas por 36 instituciones públicas, solo se licitaron 632 y de esa cifra, solo 404 fueron adjudicadas.
El cambio de modelo no se tradujo en mayor abasto de fármacos. Ante esta problemática, en 2020 se anunció un nuevo cambio. La Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) sería la encargada de la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2021-2024, pero con una comisión de por medio, sin contemplar la distribución. Para este último efecto se propuso a la paraestatal Birmex, empresa que un año después reconoció no disponer de los recursos suficientes para cumplir la compleja tarea.
Esta estrategia de cambios no ha terminado. La primera semana de octubre del 2022 el titular del INSABI, Juan Ferrer, informó que el Gobierno Federal prescindió del apoyo de la UNOPS para la compra de medicamentos, toda vez que se cuenta con el apoyo de diversas dependencias de Estado para la adquisición de fármacos. La compra de medicamentos e insumos médicos con el apoyo de la UNOPS concluyó el 31 de diciembre de 2022. Actualmente, el personal adscrito a este proyecto continúa con sus labores para tener un “cierre administrativo ordenado” de las compras que se realizaron en 2021 y 2022.
La cobertura universal abarca el acceso efectivo a los medicamentos; estos representan un recurso estratégico para mejorar la salud de la población y para asegurar el correcto funcionamiento de un sistema de salud. Pese a que las compras consolidadas son la política más notable en materia de adquisición de fármacos, su operación tiene diversas áreas de oportunidad, entre ellas, intensificar la transparencia.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, de 2014 a 2019 las compras consolidadas de medicamentos consiguieron ahorros por más de 25 mil millones de pesos. Pero así como hubo ahorros, también hubo sobrecostos en las compras. Un análisis de datos del Portal de Compras IMSS realizado por la organización PODER, reveló que esta dependencia que se encargó por varios años de realizar las compras consolidadas para cubrir tanto sus necesidades como las de otras instancias de salud, pagó 18.4 mil millones de pesos en sobrecosto en compras realizadas durante el periodo 2008-2018.
A esto se debe agregar el monopolio de medicamentos. El presidente López Obrador aseguró que estas prácticas fueron comunes en los gobiernos pasados, razón por la que en 2019 vetó a 3 distribuidoras farmacéuticas. ¿Hubo monopolio? Sí. Registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público describen que entre 2012 y 2018 únicamente 10 proveedores concentraron casi el 80% del gasto correspondiente a la compra de medicamentos para el sector salud mexicano.
Esta información coincide con la de PODER: entre 2008 y 2019, el 1% de los proveedores de fármacos (278) recibió el 78% del monto contratado de medicamentos e insumos médicos por parte del IMSS.
En 2021 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó a farmacéuticas y personas físicas con 903 millones de pesos por prácticas monopólicas en el mercado de la distribución de medicamentos por un periodo de 10 años (2006-2016).
El doctor Castañeda afirma que la mayor parte de los problemas que existen en la cadena de abasto de medicamentos tienen su origen en que a lo largo de los años, las autoridades a cargo del país han tomado una serie de decisiones unilaterales, pero estos se podrían resolver “con mejor comunicación; si escuchamos a las instituciones de salud, a las empresas productoras y distribuidoras, a los pacientes y a profesionales de salud. Poner solo las reglas del juego entorpece los procedimientos, aumenta los costos, deja legislaciones desiertas y finalmente, compromete el acceso a las medicinas”.
En estos párrafos el desabasto de medicamentos se representó en cifras, pero detrás de ellas están las miles de personas que no pudieron acceder a insumos médicos para un tratamiento digno. Si tenemos en cuenta que la salud es un derecho humano, el acceso a medicamentos de calidad es un componente imprescindible para la plena realización de este.
Infraestructura hospitalaria
El rostro del abandono
No puede haber acceso a la salud sin infraestructura sanitaria que haga posible la atención médica. En los pactos internacionales que México ha suscrito, se especifica que cada nación debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos así como centros de atención a la salud, para el correcto funcionamiento del sistema.
No obstante, la infraestructura de los distintos subsistemas del Sistema Nacional de Salud tiene un importante desequilibrio que incide en la calidad y atención. El sector de salud mexicano privado tenía casi 70% de unidades para una población afiliada a seguros privados de solo 3.2 millones, según datos del Coneval de 2014. Mientras que el Seguro Popular y el IMSS tenían 18.3% y 6.3% de unidades, respectivamente, pese a ser las instituciones con mayor cantidad de afiliados.
En ese año, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto reconoció que la planeación para el desarrollo de la infraestructura en salud orquestada por las administraciones pasadas se desarrolló de manera precaria y no con base en los requerimientos de recursos humanos; pero a pesar de esas declaraciones, esa administración dejó cientos de obras de hospitales inconclusas. En 2019 autoridades de Salud revelaron que se necesitan invertir más de 8 mil millones de pesos para concluir las unidades médicas, centros de salud y hospitales que el político priísta dejó sin terminar.
En diciembre del 2018, el gobierno de López Obrador denunció el abandono sistémico del sector salud mexicano. La Secretaría de Salud encontró al menos 250 obras, entre clínicas, hospitales y otras unidades, abandonadas, inconclusas o con necesidades de equipo “que son escandalosos monumentos de la incompetencia, corrupción y tráfico de influencias”, dijo en ese momento el secretario de Salud, Alcocer Varela, al acusar el deterioro a la atención de la salud de los mexicanos en los últimos 30 años.
En agosto del 2022, la administración federal informó que la cifra de unidades hospitalarias que fueron abandonadas por los gobiernos neoliberales ascendía a 394, de las cuales 327 dependen de la Secretaría de Salud y atienden a población sin Seguridad Social; 56 obras corresponden al IMSS y 11 al ISSSTE, instituciones que atienden a la población derechohabiente. Lo preocupante es que la mayor parte de las obras abandonadas están destinadas a la atención médica de las personas sin seguridad social y se concentran en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que presentan un alto índice de pobreza (Coneval). Esto constituye otra enorme barrera en el acceso a los servicios con un grado efectivo de calidad, que afecta directamente a las personas más vulnerables.
La Auditoría Superior de la Federación ha puesto bajo la lupa las múltiples irregularidades en el gasto, construcción y operación de diferentes hospitales de México. Bastan algunos ejemplos en Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca para mostrar los desafíos que enfrenta el país en términos de infraestructura médica.
El caso Quintana Roo
En octubre del 2014 se autorizaron recursos por 289.5 millones de pesos con cargo en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, para la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal (Quintana Roo) con clave CDN-6636/QROO-17/14 —cuyo valor estimado se fijó en 335.8 millones de pesos—.
En 2015 fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa Promotora NC y en el documento se pactó un monto de 184.8 millones de pesos y un plazo de 279 días naturales para concluir la construcción (diciembre 2016).
Solo dos días después de haber pactado la licitación se modificó el convenio para la ampliación del monto (104.6 millones de pesos más) y del plazo de entrega de la obra (158 días naturales más). En febrero de 2017 autoridades de la Auditoría Superior de la Federación realizaron una visita de verificación y comprobaron que la obra estaba suspendida, con avances físico y financiero de 40.3%. Se determinaron 6 solicitudes de aclaración dirigidas al gobierno estatal por irregularidades como sobrecostos e incumplimiento de contrato.
En 2020, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, las instalaciones del hospital se utilizaron para atender a personas con esta enfermedad, pero seguía sin ser habilitado para cumplir su propósito original. Casi una década después y tras una serie de irregularidades, el gobierno estatal a cargo de María Lezama Espinosa le dio seguimiento y según informó en diciembre del 2022, el Hospital de Especialidades de Chetumal comenzará a operar en el primer semestre del 2023.
El caso Yucatán
En Yucatán destaca el caso del Hospital de Ticul cuya construcción se ordenó desde 2007 mediante el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios, esta modalidad permite que el sector salud mexicano privado se encargue de esas labores y de su operación durante 15 años o más.
Luego en 2012, la entonces gobernadora de la entidad, Ivonne Ortega, firmó un contrato —de elevado costo, 5 mil millones de pesos— con la constructora Marhnos para el desarrollo de la unidad que debía entrar en operación en 2014. Para 2015 la obra seguía en obra negra y abandonada por lo que fue cancelada, hecho que dio paso a un conflicto jurídico.
En 2021 la Auditoría Superior de la Federación anunció que revisaría las irregularidades del contrato que se firmó en 2012 para la construcción del hospital. En diciembre del 2022, tras años de abandono, autoridades del IMSS pusieron en marcha la construcción de la unidad que permitirá atender a miles de personas de la zona sur del estado.
El caso Oaxaca
En Oaxaca destacan los casos del Hospital de Especialidades Matías Romero y del Hospital Básico Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz. El primero se construyó en 2009 con una inversión de casi 70 millones de pesos; para 2014 la obra se encontraba suspendida, cubierta por maleza y habitantes de la zona denunciaron el robo de cables, ventanas y maquinaria eléctrica. En 2021 el presidente López Obrador reconoció que dicha obra no se podrá retomar porque se construyó en una zona de riesgo (una barranca) y fue afectada tras el sismo de 2017.
El Hospital Básico Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz sigue siendo una promesa para la comunidad del norte de Oaxaca, que al parecer, nunca podrá hacer uso digno de los servicios. Esta unidad comenzó a ser construida en 2007 y su conclusión estaba prevista para 2011. Nunca ocurrió. Para esa fecha, la obra, cuyo presupuesto inicial según el Diario Oficial de la Federación fue de 16.5 millones de pesos, estaba integrada por unos cuantos edificios sucios, con filtraciones y resquebrajados.
De acuerdo con el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud de la Secretaría de Salud, actualizado en junio del 2022, el estatus del proyecto con clave CDN-6870/OAX-611/15 es “obra suspendida” y el costo estimado de la unidad aumentó a 58.8 millones de pesos. Jalapa de Díaz es un municipio con un grado de marginación muy alto; el 71.3% de su población está en condición de pobreza extrema y al menos el 38.3% presenta carencia por acceso a los servicios de salud (INSABI). El hospital representó en su momento, una esperanza para los habitantes de una comunidad que pide a gritos atención médica de calidad.
En agosto pasado el titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que del total de unidades de salud inconclusas o abandonadas que heredó la actual administración, más de 180 han sido rehabilitadas para su correcto funcionamiento y el resto, se prevé, serán concluidas en los siguientes dos años.
Profesionales de la salud
Excluidos del sistema
Ningún sistema de salud en el mundo puede concebirse y, por ende, ser explicado, sin su piedra angular: los profesionales de la salud. El acceso a los servicios de calidad depende en gran medida de las aptitudes, competencia, productividad y distribución de las médicas y médicos. Para que todas las personas, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, puedan recibir esta atención, debe existir una cantidad suficiente de profesionales y estos deben de estar distribuidos de manera equitativa.
Desde inicios de su sexenio, López Obrador señaló que el sector salud mexicano tenía un déficit de profesionales heredado por las administraciones pasadas. En julio de 2019 reveló que había necesidad de 123 mil médicas y médicos generales y 72 mil especialistas, cifras que colocan a México por debajo de los indicadores internacionales, sin tomar en cuenta que la mayoría de ellos están concentrados en zonas urbanas (ver infografía).
El 9 de mayo del 2022, el Presidente de México anunció un acuerdo con Cuba para que cientos de médicas y médicos de la isla trabajen en las zonas marginadas del país ante el “déficit” que existe en la República.
Tras el anuncio que fue acompañado de una serie de quejas y movimientos en contra de la iniciativa como “#AquíEstamos los médicos mexicanos”, su administración comenzó con una jornada de reclutamiento y contratación de médicas y médicos especialistas que será “permanente” hasta cubrir las 14 mil 323 vacantes en todo el país.
No obstante, es oportuno señalar que ese déficit de médicos está relacionado —de manera importante— con la falta de oportunidades laborales, así como en la nula garantía de seguridad para quienes trabajan en zonas remotas del país.
Fidel Mascareño, quien también es médico asociado del Hospital Español de México, considera que la situación actual para los profesionales del sector salud mexicano es preocupante “sobre todo por la limitada oferta laboral, pero además porque las políticas de salud no alcanzan a toda la población mexicana y están situadas en zonas urbanizadas, donde hay exceso de médicos y hospitales”.
El Coneval, en su Estudio Diagnóstico del Derecho a la Salud más reciente (2018), ya advertía la inequitativa distribución de médicas y médicos en todo el territorio nacional.
El doctor Fernando García, quien desde hace 12 años es profesor de Inmunología y Microbiología en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explica que las médicas y médicos generales son los que más falta hacen en las zonas de alta marginación del país; sin embargo, “están mal distribuidos” y no existen mecanismos que garanticen la integridad física de los profesionales.
“La inseguridad y el crimen organizado son algunos de los factores que hacen que los médicos decidan quedarse en zonas urbanas. El gobierno no les garantiza seguridad y menos un salario digno. Además, entran a la discusión otra clase de problemas: quienes se van a esas zonas no tienen las herramientas adecuadas para realizar su trabajo, hacen falta insumos y atender la infraestructura hospitalaria”
En 2016, por ejemplo, al menos 12 centros de salud que se encontraban en las regiones de la Montaña de Guerrero y Tierra Caliente cerraron definitivamente por motivos de inseguridad. Autoridades municipales reconocieron que integrantes del crimen organizado atentaban contra pacientes, médicas, médicos y personal de apoyo. Al día de hoy, cientos de indígenas de la región continúan demandando seguridad y apoyo para sus comunidades.
Gasto en salud
El gran desafío
La crisis en la que actualmente se encuentra el sector salud mexicano involucra, además de los factores ya mencionados, la cuestionable asignación de recursos económicos. La eficiencia del gasto en salud juega un rol fundamental en el desempeño de los sistemas de salud y por consiguiente, en el bienestar de la población.
Durante este recorrido se ha explicado que lograr la Cobertura Universal de Salud en México resulta una tarea complicada dado que el país no cuenta con un sistema de salud sólido, eficiente y equitativo. Aunque no es el único. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos el 30% de la población mundial sigue sin poder tener acceso a los servicios de salud esenciales.
La cobertura de salud debe responder a las necesidades de la población, esto incluye la disponibilidad de infraestructura, recursos humanos, tecnologías de la salud y financiamiento. Un análisis realizado por la OPS en 2014 sobre las estrategias para el acceso universal a la salud, señala la importancia de mejorar y fortalecer la eficiencia del financiamiento para reducir las inequidades en el acceso a la salud.
A esto, se añade la necesidad de avanzar hacia la eliminación del pago directo por parte de las personas; hecho que se convierte en una barrera para acceder a la prestación de servicios. La población no asegurada se enfrenta a que las instituciones de salud públicas encargadas de la provisión de servicios brindan, de manera gratuita, únicamente la atención primaria pero no la hospitalaria, lo que representa un gasto de bolsillo para las familias.
Entonces, otro de los impedimentos para el desarrollo del sector salud mexicano es la limitada eficiencia del manejo de los recursos. Los países que más han avanzado hacia la cobertura universal presentan un gasto público en salud de 6% o más del PIB.
Históricamente, México ha venido destinando alrededor del 3% del PIB como gasto público para la salud. Un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria detalló que en los últimos años, mientras la población crecía en casi 13 millones de habitantes, el gasto en salud pública registró una contracción al pasar de un 2.8%, en 2012, a 2.5%, en 2020.
Sin embargo, el presente Gobierno Federal se comprometió a emular un esquema de salud como el de Dinamarca o Noruega. La realidad es que para acercarnos a los niveles de atención en salud de los países nórdicos, México tendría que duplicar su gasto en salud. En esa región, los gobiernos invierten de 9 a 12% del PIB en salud, mientras que en nuestro país no pasa del 6.5% (Inegi, 2021).
Un ingrediente más en este rubro son las prioridades presupuestales de los gobiernos, las cuales pueden cambiar de un año a otro por efectos económicos o decisiones políticas. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el acto legislativo que permite a la Administración Pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. La doctora Crabtree destaca que el abandono presupuestal al sector salud mexicano es histórico.
“Tú puedes calificar el interés que tiene un gobierno en algo con la asignación de presupuesto. El gasto para el sector salud mexicano acumula un abandono de décadas. Muchas administraciones han pasado y sigue sin existir un verdadero cambio [sic]”.
Los recursos federales aprobados para el sector salud mexicano en el PEF, durante los últimos 20 años, ha registrado una tasa media de crecimiento anual real (TMCAR) de 3.8%. Un seguimiento al ciclo presupuestario del sector salud realizado por el Instituto Belisario Domínguez, resalta el crecimiento en el PEF como parte de la creación y reglamentación del Seguro Popular en 2004.
De manera que, por periodo sexenal, se identificaron los siguientes crecimientos: 2001-2006, 5.8%; 2007-2012, 4.7%; 2013-2018, 0.05%, siendo el más bajo el periodo encabezado por Peña Nieto.
La actual administración ha dejado claro su objetivo de generar una auténtica transformación en los servicios de salud bajo los principios de justicia social y bienestar. Estas aspiraciones tendrían que verse reflejadas en la función presupuestaria.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el 2021 el gasto que ejerció el gobierno en el rubro de salud registró un estancamiento, un dato relevante tomando en cuenta que fue el segundo año de la pandemia y también el año en que más recursos se invirtieron en salud en todo el mundo.
En años anteriores, el gasto en salud presentaba disminuciones en la variación. Por ejemplo, en 2019 fue cuando menos gasto se ejerció desde la federación: 628 mil 998 millones de pesos.
Posteriormente, y ante la emergencia sanitaria, el gasto creció de 2019 a 2020 en 8.3% (681 mil 451 millones de pesos). Y, aunque del 2020 al 2021 se esperaba que la variación porcentual también creciera sustancialmente, solo incrementó en 0.3% (683 mil 221 millones de pesos).
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se asignó al sector salud mexicano en su conjunto, el monto más alto del que se tiene registro: 794 mil millones de pesos; aunque gran parte de los recursos estuvo destinada a la atención de la pandemia, hubo un aumento de más de 60% en el presupuesto del programa IMSS-Bienestar, lo que resultó positivo tomando en cuenta que es la entidad que actualmente se encarga de proteger a quienes carecen de Seguridad Social.
El Paquete Económico 2023 contempló para el ramo de la salud un gasto programable de 209.6 mil millones de pesos, lo que representa 3% más que lo aprobado para 2022 (193.9 mil millones de pesos). En términos históricos, el ramo de la salud registra un aumento de 29.9% real respecto al 2018, así como un aumento de 8.8% real respecto al 2012; esto puede considerarse una buena señal, sin embargo, se debe de tomar en cuenta que los recursos que asigne el gobierno a este sector, son solo un atributo más que debe reunir el derecho a la salud y no necesariamente garantizan la accesibilidad, disponibilidad y calidad de atención médica.
Por otro lado, la falta de cobertura universal comprende un aspecto más que se mencionó anteriormente: el gasto de bolsillo. Los costos de los servicios provocan que las personas eviten consultas médicas o atiendan sus padecimientos. Estadísticas internacionales demuestran que es tres veces más probable que la población en condición de pobreza no atienda sus necesidades por razones financieras.
De acuerdo con The World Bank, las y los mexicanos pagan por sí mismos el 41% de sus gastos en salud (consultas médicas, medicamentos o atención hospitalaria), una cifra mucho mayor que el promedio de Latinoamérica, en donde solo se paga el 28%.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria reveló en 2021 que los gastos en salud que la población paga de su bolsa incrementaron 40% del 2018 al 2020. Mientras en el 2018 el gasto promedio de las familias en salud fue de 2 mil 358 pesos al año, para 2020 subió a 3 mil 300 pesos.
El gasto de bolsillo —un indicador indirecto del acceso a servicios de salud, con calidad y oportunidad— se compone de tres erogaciones: gasto en atención primaria, atención hospitalaria y medicamentos. Durante el periodo mencionado, se encontró que el mayor incremento porcentual fue en gasto de medicamentos, que aumentó 68% al pasar de $376 pesos, en 2018, a $632 pesos, en 2020.
Pero incluso en años anteriores ya se habían presentado resultados similares. El Coneval alertó que, durante 2016, el gasto de bolsillo representó más del 40% del total, es decir, que 4 de cada 10 pesos gastados en el país en servicios o productos médicos fue aportado por dinero de las familias y no de las instituciones de salud pública.
Esta situación produce que las personas con menores ingresos, aquellas que están en condiciones vulnerables, sean económicamente excluidas del sistema. Un consciente gasto público en salud proporciona igualdad de oportunidades, pero la ineficiencia en el uso de los recursos no solo debilita, sino que pone en riesgo el progreso hacia la Cobertura Universal de Salud.
A lo largo de este reportaje se ha documentado que la crisis que aqueja al sector salud mexicano no es nueva y el origen de todos los males que arrastra radica en su fragmentación, así como en el cúmulo de decisiones políticas que, lejos de atender las existentes inequidades del sector, obstaculizan el acceso a los servicios e impiden el pleno ejercicio del derecho a la protección de salud.
Definir derechos no los garantiza. El tiempo sigue pasando y la promesa de un sistema de salud sólido, eficiente y equitativo en México continúa siendo una promesa. Sin embargo, es pertinente mencionar que el gobierno encabezado por López Obrador es el único que con todas sus palabras, ha reconocido la crisis en la que ha permanecido el sector salud mexicano por décadas, y la visión que tiene en cuanto a la transformación en el Sistema Nacional de Salud es, por decir lo menos, la más esperanzadora y alineada a los principios bajo los que debería funcionar un sistema de salud.
Especialistas en el sector coinciden en que es necesario redirigir las políticas del sector salud mexicano. Los doctores Mascareño y Castañeda afirman que se requiere “una mejor comunicación y coordinación entre todos los entes” al tiempo de realizar un “diagnóstico profundo” sobre los problemas que afligen al Sistema Nacional de Salud. La doctora Crabtree destaca la necesidad de exigir “rendición de cuentas y transparencia” a las autoridades sanitarias, así como prestar atención a los indicadores de salud establecidos por organizaciones internacionales para encontrar fallas en el sistema y trabajarlas de manera adecuada.
En este sentido, es más que evidente la necesidad de realizar una profunda reforma en el sistema de salud que involucre la participación de toda la cadena que lo conforma: población derechohabiente y no asegurada, profesionales de la salud, instituciones públicas y privadas, especialistas, investigadores y docentes. Sin ella será imposible enfrentar los nuevos retos que demanda nuestra realidad, sobre todo, después de una pandemia sin precedentes que sacudió, como nunca, al sector salud mexicano.
El acceso universal a la salud requiere de la implementación de políticas y estrategias con enfoque colectivo y de justicia social, que respondan a las necesidades de toda la población, que no dejen atrás a nadie. Hoy, y de una vez por todas, la salud debe ser reconocida como lo que es: un derecho inalienable y la base para el desarrollo humano.
Nota periodística:
Autoridades federales en materia de Evaluación de Servicios de Salud así como de programas para la población sin Seguridad Social fueron contactadas para este reportaje, pero no accedieron a la solicitud de entrevista.
Se buscó la participación de investigadores del Sistema de Salud, pero la solicitud se mantuvo en espera de autorización desde el 27 de septiembre del 2022.